Las ocupaciones de los sintechos no solo continuarán, sino que aumentarán, coinciden en señalar algunos analistas. El déficit habitacional asciende a 1.100.000 a nivel país, según datos del BID.

Una abuela abría los brazos en cruz para impedir que un tractor arrasara la precaria casa levantada por su nieto. Fue en esta reciente semana durante un desalojo en Caaguazú.

La acción de esa mujer septuagenaria recordaba a la icónica imagen del manifestante anónimo que, en 1989, se enfrentó a un convoy de tanques militares chinos en lo que se conoció después como la masacre de Tiananmen.

La abuela, junto a otras 700 familias, ocupaba un inmueble de 64 hectáreas perteneciente a la Inmobiliaria Raíces. Llegaron hasta allí atraídas por los bajos precios (pagaron entre G. 200.000 a G. 500.000) para hacerse con un pedazo de tierra; pero fueron engañados por seudolíderes sintierras.

La necesidad les llevó a caer en la misma trampa en que terminaron las más de 1.000 familias que fueron desalojadas –también hace unos días– en Luque, durante un violento procedimiento fiscal-policial.

Así como esa mujer de 77 años y su nieto, hay alrededor de 150.000 familias sintechos en todo el país, según el último reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, en al menos 900.000 viviendas hay familias malviviendo hacinadas por falta de espacio y de mejores condiciones de hábitat.

“Hay una problemática social real que es el déficit de acceso a la vivienda que tiene mucha relación con el acceso a la tierra”, engloba Luis Rojas Villagra, investigador y analista económico.

Observa “un abismo” entre la realidad y lo que estipula la Constitución Nacional que garantiza el derecho de acceder a una vivienda digna.

“Al no tener respuesta institucional, las familias apelan al ‘sálvense quien pueda’ y ven la manera de acceder a una tierra. Y se producen las ocupaciones, casi como una respuesta natural de la gente, como ocurre en el campo y en los bañados”, apunta.

Desregulación. Otro problema –dice– es la “fuerte especulación inmobiliaria” sobre las tierras en zonas urbanas, viviendas y alquileres. “Hay desregulación, el Estado no controla ese fenómeno y la especulación inmobiliaria hace que se encarezcan cada vez más esas tierras en todo el Departamento Central y genera mayor exclusión de la gente que no tiene un trabajo formal, buenos salarios y no tiene respuesta estatal tampoco”, analiza y avisa: “Ante este escenario, las ocupaciones van a continuar y a aumentar”.

Para Verónica Serafini, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), la problemática de la tierra urbana y la vivienda no debe ser aislada del problema mayor: “el fracaso del modelo económico y social para generar arraigo y bienestar en el sector rural”, postula.

A esto se suma la cuestión inmobiliaria en las ciudades, donde también hay concentración, “impidiendo que el mercado y la política de vivienda sean eficientes”, dice.

“El crecimiento de las áreas urbanas, especialmente las metropolitanas de las ciudades más grandes, como Asunción o Ciudad del Este, está muy influenciado por la expulsión de campesinos, particularmente jóvenes, a las áreas urbanas”, afirma.

insuficiente. A su criterio, en Paraguay, no existe política de vivienda. “Lo que hay son iniciativas de baja cobertura e incompletas: créditos para sectores de niveles de ingresos altos, algunos subsidios para los niveles económicos medios y bajos. Pero esta política no cambia la estadística”, refieren los reveladores informes de entidades internacionales

A la par del hábitat, el Estado –indica– debe asegurar los servicios de energía eléctrica, desagües, agua potable y saneamiento. Y para que sean sostenibles –completa– requieren de un contexto laboral adecuado. “No sirve de nada una vivienda sin servicios públicos, alejados de donde se generan los empleos y donde estén los establecimientos educativos y de salud”, enumera y concluye que el déficit de vivienda “no se resolverá si no se atienden las causas estructurales que generan las ocupaciones”.

Fuente UH

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