Estos enclaves nacen de una profunda obsesión por la seguridad, una respuesta directa a la creciente desigualdad social actual. Aquí, clases sociales con afinidades económicas se auto-segregan en entornos controlados y aislados. Sus manifestaciones varían enormemente: desde barrios elitistas, resguardados por imponentes muros y vigilancia constante, hasta soluciones más improvisadas con vallas y seguridad privada que custodian antiguas calles públicas.

Estos «monstruos urbanos» son particularmente evidentes en países y ciudades que lidian con abismales brechas económicas. Ejemplos claros los encontramos en metrópolis como Bangalore, Manila, São Paulo, Caracas, Buenos Aires, Ciudad de México, Asunción, y numerosas urbes.

Exclusividad y Discriminación: El Caso Latinoamericano

En América Latina, algunas de las urbanizaciones cerradas más emblemáticas, como Nordelta en las cercanías de Buenos Aires y Alphaville en las afueras de São Paulo, ilustran a la perfección esta tendencia. Las clases privilegiadas y las nuevas clases medias levantan muros no solo para proteger su exclusividad y comodidades, sino también para excluirse de los antiguos pobladores. Este fenómeno sugiere una realidad alarmante, aproximadamente una quinta parte de la población mundial busca resguardarse de la precariedad del resto.

Un Desafío a la Legalidad y a los Derechos Humanos

Un aspecto crucial de estas urbanizaciones es que a menudo se rigen por sus propias normas internas, desafiando las leyes estatales y municipales. Con frecuencia, evaden impuestos que, por derecho, deberían destinarse a obras y servicios colectivos para el municipio. Peor aún, en situaciones de conflicto o delito, estas comunidades tienden a evitar la intervención de las instituciones jurídicas y constitucionales, restringiendo el acceso a la policía, jueces y representantes de la administración pública.

La Distopía del Aislamiento y la «Nueva Feudalidad»

En un mundo donde la pobreza persiste y los más ricos se amurallan para protegerse de los riesgos asociados a la miseria, las clases medias altas se refugian en estas urbanizaciones, impulsadas por una obsesión por la seguridad y la búsqueda de conexiones exclusivas que les permitan evitar los barrios más pobres. De este modo, se va perfilando una distopía contemporánea de control y acceso restringido, donde los ricos se aíslan cada vez más de la pobreza, de los cataclismos y de las crecientes crisis ecológicas.

La realidad de los barrios cerrados nos proyecta hacia un futuro neofeudal, en el que unos pocos mantienen sus privilegios, amurallados por la fuerza y el control, desentendiéndose del resto de la población. Es una creencia ilusoria pensar que así podrán protegerse de los efectos del deterioro medioambiental y de los problemas derivados de la injusticia social y económica.

La Urgencia de Reafirmar la Ciudad para Todos

El fenómeno de las urbanizaciones cerradas no es solo un indicador, sino un agente activo que refleja y exacerba las desigualdades sociales y económicas. Al crear estos espacios de exclusión, se atenta directamente contra la justicia social y la necesaria cohesión comunitaria. La tendencia a aislarse detrás de muros en búsqueda de una seguridad y exclusividad que se conciben como propias, es un síntoma claro de un problema de inequidad mucho más profundo. Para construir una convivencia verdaderamente justa y equitativa, es imperativo abordar esta fragmentación urbana y reafirmar el principio de la ciudad como un espacio de derechos y oportunidades para todos sus habitantes, sin muros ni exclusiones.

Frente a la segregación espacial que promueven las urbanizaciones cerradas, la solución pasa por fomentar la mezcla de usos y de clases sociales en el tejido urbano. Esto significa desarrollar políticas de vivienda que garanticen el acceso a un hogar digno para todos los segmentos de la población, preferentemente en zonas con acceso a servicios y transporte. Se debe evitar la creación de «guetos» o la expulsión de poblaciones vulnerables, lo que podría incluir el uso de suelo público para vivienda social o la exigencia de un porcentaje de vivienda asequible en proyectos privados.

Por ejemplo, en Montevideo, la normativa urbanística y la filosofía de planificación tienden a ser más restrictivas con las urbanizaciones cerradas en el sentido de que no se permite la privatización de calles o espacios públicos ya existentes. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley N° 18.308) de Uruguay, si bien no prohíbe explícitamente «condominios cerrados» como figura, sí enfatiza el derecho al uso común y general de las redes viales, circulaciones peatonales y espacios públicos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): En el ámbito de la CABA, la creación de grandes urbanizaciones cerradas con las características de los «countries» o «barrios cerrados» suburbanos es mucho más restringida, y prácticamente inexistente en el tejido urbano consolidado. La política urbanística de la ciudad tiende a la densificación y la mezcla de usos, priorizando el espacio público y la accesibilidad. Si bien pueden existir condominios o complejos residenciales con seguridad y amenities dentro de un perímetro, estos no suelen implicar la privatización de calles públicas ni la creación de grandes extensiones urbanas segregadas como ocurre en la periferia.

Invertir en la creación, mantenimiento y revitalización de espacios públicos de calidad y accesibles (parques, plazas, calles peatonales, centros comunitarios) es fundamental para promover el encuentro, la interacción social y la cohesión. Estos espacios son verdaderos antídotos contra los muros de la exclusión. Asimismo, desarrollar sistemas de transporte público eficientes, seguros y accesibles que conecten todas las zonas de la ciudad reducirá la dependencia del automóvil y la necesidad de aislarse para evitar el tráfico o los barrios «peligrosos». Promover el desarrollo de comercios y servicios locales en todos los barrios también contribuye a la vitalidad urbana y reduce la necesidad de desplazamientos largos.

El profesional de la arquitectura y el urbanismo tiene una responsabilidad ética fundamental en este escenario. Es esencial enfocarse en proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, priorizando la sostenibilidad, la eficiencia energética, la resiliencia climática y la calidad de vida de los usuarios y comunidades. Una parte clave de este compromiso es involucrar activamente a las comunidades en los procesos de diseño y planificación, con los arquitectos actuando como facilitadores del diálogo que traduce las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos en propuestas urbanísticas tangibles.

Las ciudades y sus áreas metropolitanas deben trabajar de manera coordinada en la planificación del territorio, el transporte, la gestión de residuos, el uso del agua y la protección ambiental. Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ciudades, aprendiendo de soluciones implementadas en otros contextos, también es vital.

Arq. Nicolás Morales Saravia
Arquitecto y Docente FADA UNA
Magister en E.S.U.
Consultor en Construcciones Sostenibles PYGBC
Diplomado en Urbanismo y Medio Ambiente (USAL)
Dimplomado en Patologías por Arquimétodo.
Miembro del Colegio de Arquitectos del Paraguay.
@bioconsarquitectos