Las encuestas de 2021 confirman que la inseguridad es la mayor preocupación de los ciudadanos. No se resuelve con promesas de «tolerancia cero», sino con inversión en el diseño urbano. América Latina es la región más violenta del mundo: ocho de los diez países con mayores tasas de homicidios están en la región, así como 47 de las 50 ciudades más violentas. Un tercio de los adultos latinoamericanos identifica el crimen como la prioridad en la agenda pública (BID).

Paradójicamente, la última década fue una de las más prósperas de la región. El desempleo se redujo, 70 millones de personas salieron de la pobreza y el crecimiento económico promedio fue del 5.2% anual (CEPAL). Sin embargo, la criminalidad aumentó. La idea de que reducir la pobreza disminuye el delito se quebró. Homicidios y robos alcanzaron cifras alarmantes, demostrando que el desarrollo económico por sí solo no crea barreras contra la delincuencia.

Esto se explica, en parte, porque quienes salieron de la pobreza no ingresaron plenamente a la clase media: están en una situación frágil, con un pie dentro y otro fuera. La pandemia dejó claro lo fácil que es volver a caer. Además, las expectativas de consumo –ropa de marca, celulares, vehículos– chocan contra empleos precarios y salarios insuficientes, impulsando la informalidad, el mercado negro y el aumento de la drogadicción (PNUD).

El espacio público como herramienta de seguridad

¿Cómo puede incidir un municipio en la reducción de estos índices? La respuesta está en la inversión urbana. Un estudio de la Universidad de los Andes en Bogotá evidenció que la mejora de parques y espacios públicos redujo los delitos en las zonas intervenidas. La iluminación y el mantenimiento no solo embellecieron la ciudad, sino que hicieron más seguro el entorno para sus habitantes.

La «Teoría de las ventanas rotas», desarrollada por James Q. Wilson y George Kelling en 1982, plantea que el delito aumenta en zonas donde reina el abandono. Si un edificio tiene una ventana rota y nadie la repara, pronto todas estarán dañadas. Si los espacios públicos muestran signos de deterioro y nadie los recupera, inevitablemente serán ocupados por la delincuencia.

Otro factor clave es el control social. Cuantas más personas transiten y usen un espacio, menor será el margen para actividades delictivas. Diseñar actividades convocantes en parques –canchas deportivas, juegos infantiles, pistas de patinaje– y asegurar una buena iluminación son estrategias efectivas para fortalecer la seguridad urbana. Un espacio público lleno de vida es una ciudad protegida por sus propios ciudadanos.

Hacia un modelo urbano centrado en las personas

Durante décadas, la inversión municipal se enfocó en infraestructura vial: pavimentación, viaductos, puentes. Sin embargo, es urgente ampliar esta perspectiva hacia un modelo urbano donde el peatón y la comunidad sean la prioridad. La seguridad no se logra con discursos punitivos ni con la militarización de las calles, sino con ciudades vivas, integradas y diseñadas para la convivencia.

Los municipios deben comprometerse con el mantenimiento y desarrollo de los espacios públicos. Renovar parques no es solo una cuestión estética: es una estrategia efectiva para fortalecer la seguridad y la cohesión social. Recuperar estos entornos es invertir en calidad de vida, en integración comunitaria y en prevención del delito.

Las elecciones municipales son una oportunidad para redefinir el modelo de ciudad que queremos. La pandemia nos demostró que la calidad del espacio urbano incide directamente en el bienestar colectivo. La seguridad no depende únicamente de medidas represivas, sino de la planificación inteligente de los entornos urbanos.

Invertir en parques, plazas y espacios de encuentro no solo mejora la estética urbana, sino que fortalece la seguridad, impulsa la convivencia y promueve una sociedad más equitativa. Ante el desafío de construir ciudades más humanas, los municipios deben asumir un compromiso real con el diseño de entornos seguros, accesibles y funcionales para todos.