La gobernanza urbana requiere articulación entre niveles de gobierno y mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, el proyecto de ley plantea un esquema centralizado, donde las decisiones sobre la Costanera dependerán principalmente de la lógica estatal, con escasa injerencia municipal y mínima participación vecinal.

Henri Lefebvre (1968/2017) advertía que la ciudad no es únicamente un conjunto de infraestructuras, sino un espacio social donde se disputa el derecho de los habitantes a apropiarse y producir su entorno. Si las Costaneras pasan al MOPC, se priorizará la visión de la movilidad como infraestructura nacional (carreteras y conectividad vehicular) por sobre su dimensión como espacio público ciudadano. El riesgo es que la lógica tecnocrática del MOPC reduzca la Costanera a un “espacio abstracto”, diseñado para los flujos automovilísticos, y no a un espacio vivido y apropiado por la población.

La Costanera, como borde ribereño, es al mismo tiempo un corredor vial y un lugar de encuentro, ocio y recreación, además de un corredor verde vital para el medio ambiente. Al transferirla al MOPC, se privilegia la circulación metropolitana y nacional en detrimento de los usos comunitarios y simbólicos.

Si bien el discurso del proyecto habla de movilidad sostenible, la práctica del MOPC históricamente ha sido carreterocéntrica. El beneficio potencial sería la disponibilidad de mayores recursos nacionales para integrar ciclovías, transporte masivo y espacios verdes. Sin embargo, el riesgo es que este “discurso verde” quede en el papel, consolidando una vía rápida más en la ciudad. Lo evidencia el proyecto de un viaducto de cuatro kilómetros sobre la antigua vía férrea en Luque, que avanza pese a la promesa previa de implementar allí un Tren de Cercanías. Este contraste muestra cómo la prioridad estatal sigue orientada hacia la infraestructura vial antes que hacia sistemas de transporte público sostenible.

Si el MOPC se comprometiera a implementar al menos parte del Plan Maestro de Movilidad Urbana elaborado por la KOICA 2024, incorporando los LTR ribereños con terminales de transbordo en los extremos de las Costaneras, como indica dicho plan, sería razonable apoyar este cambio de jurisdicción. En ese escenario, la Costanera podría convertirse en un eje estructurante de transporte público metropolitano y no solo en una vía de conexión vehicular. Sin embargo, si la transferencia se limita a garantizar mejoras viales y mantenimiento orientado principalmente al automóvil privado, entonces resulta preferible que la administración permanezca en manos de la Municipalidad, aun con su déficit financiero, antes que consolidar un modelo de ciudad exclusivamente carreterocéntrico.

Plan de Movilidad de la KOIKA 2024

La incorporación de las Costaneras al dominio del MOPC no debe analizarse como un simple cambio de jurisdicción, sino como un síntoma de dos modelos de ciudad en pugna, uno que entiende el espacio urbano como infraestructura técnica centralizada y otro que lo concibe como espacio social y derecho ciudadano. Si no se garantiza la participación ciudadana y la gobernanza compartida, la Costanera corre el riesgo de transformarse en una autopista ribereña, perdiendo su potencial como espacio público vital.

¿La Costanera será un corredor vial más o el borde urbano donde la ciudad se reconcilie con su río?