Un grupo de vecinos, con el acompañamiento de la abogada Alejandra Peralta Merlo, presentó una acción de amparo constitucional ante la justicia. Denuncian que la construcción impulsada por PREFORTE S.A. provoca afectaciones ambientales, acústicas y sociales que alteran profundamente la vida cotidiana en su barrio.

En su defensa, la empresa sostiene que cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental vigente, otorgada tras un proceso de verificación que incluyó un Plan de Gestión Ambiental. Según su representante legal, este plan contempla medidas específicas para mitigar y monitorear los posibles impactos negativos derivados del proyecto.

PREFORTE no solo solicita el rechazo del amparo, sino que además pide que se impongan las costas del juicio a los vecinos que promovieron la acción. Por su parte, tanto el MADES como la Municipalidad de Luque se han alineado con la postura empresarial, solicitando también el rechazo del recurso.

Sin embargo, este conflicto no puede reducirse a un simple desacuerdo entre una empresa y un grupo de vecinos, lo que está en juego es mucho más profundo, la manifestación de un modelo urbano que avanza sin reglas claras, sin protección efectiva del espacio residencial y sin una participación ciudadana real y vinculante. Casos como este evidencian la necesidad urgente de repensar cómo se planifican y autorizan los desarrollos urbanos y, sobre todo, quiénes son escuchados y quiénes son ignorados en ese proceso.

La pérdida del derecho a la ciudad.

El urbanista y teórico David Harvey advierte sobre el avance del empresarialismo urbano, una lógica donde el diseño y la gestión de las ciudades se subordinan cada vez más a las exigencias del capital. La producción del espacio urbano responde, en este modelo, menos a las necesidades colectivas y más a los intereses del mercado, generando territorios fragmentados, excluyentes y desiguales.

La narrativa del “desarrollo económico” suele usarse para justificar intervenciones que benefician a actores privados, mientras se minimizan o ignoran sus costos sociales, ambientales y simbólicos. Como bien señala Harvey, el derecho a la ciudad ha sido reemplazado por el derecho del capital a hacer ciudad. El caso de Luque no es una excepción: es la confirmación de que el urbanismo, lejos de ser una herramienta de bienestar colectivo, se ha convertido en un dispositivo funcional a la rentabilidad.

Una ciudad sin capas simbólicas ni naturales

A esta crítica se suma la del urbanista Manuel de Solà-Morales, quien propone pensar la ciudad como una superposición de capas: histórica, funcional, simbólica y natural. En Asunción y su Área Metropolitana, estas capas aparecen gravemente desequilibradas: se privilegia la capa funcional (servicios, mercado, movilidad), mientras las capas simbólica y natural son sistemáticamente relegadas.

En Luque, como en tantas ciudades paraguayas, esta distorsión se expresa con claridad. El barrio Zárate Isla, con su historia residencial, su comunidad organizada y su paisaje construido, queda sometido a la lógica de rentabilidad del suelo. Instalar una hormigonera en este contexto no es solo un error técnico o normativo: es una violación al derecho a una ciudad viva, justa y humana.

Un precedente peligroso.

En los últimos años, Luque ha atraído capitales para desarrollos residenciales, este flujo económico depende de algo esencial: la confianza en reglas claras y previsibles. Pero si mañana se puede habilitar una industria contaminante en cualquier barrio residencial, ¿Quién garantiza que esas inversiones mantendrán su valor?

La habilitación arbitraria de una industria pesada en una zona habitacional rompe con esa previsibilidad, incrementa el riesgo percibido por desarrolladores y compradores, y destruye la plusvalía del entorno. Peor aún, consolida un precedente peligroso, basado en la lógica de que si se pudo habilitar ahí, se podrá habilitar en cualquier parte.

Un modelo urbano sin brújula pública.

Hoy resiste Zárate Isla, mañana puede ser cualquier otro barrio, si no se frena esta lógica de habilitación por decreto, retrocederemos décadas en materia de planificación urbana. Y lo que se pierde no es solo valor inmobiliario, se pierde confianza social, cohesión barrial y dignidad urbana.

El conflicto en Zárate Isla debe leerse como parte de un patrón más amplio, un modelo urbano donde el mercado marca la agenda, y el Estado apenas acompaña, legitimando decisiones que afectan a la mayoría para beneficiar a unos pocos. De Encarnación a Asunción, de la Costanera a los desmontes barriales, se repite la misma lógica: desregular para crecer, aunque eso implique perder ciudad.

El urbanismo paraguayo necesita recuperar su vocación pública, su base técnica, y sobre todo, su compromiso ético con quienes habitan y defienden sus barrios.

Arq. Nicolás Morales Saravia
Arquitecto y Docente FADA UNA
Magister en E.S.U.
Consultor en Construcciones Sostenibles PYGBC
Diplomado en Urbanismo y Medio Ambiente (USAL)
Dimplomado en Patologías por Arquimétodo.
Miembro del Colegio de Arquitectos del Paraguay.
@bioconsarquitectos