El urbanismo feminista frente a la crisis urbana del Área Metropolitana de Asunción


Una ciudad que garantice seguridad y autonomía a las mujeres

El Área Metropolitana de Asunción (AMA) atraviesa una crisis urbana que afecta la seguridad, la movilidad y la autonomía de sus habitantes, especialmente de las mujeres. La inseguridad en las calles y en el transporte público limita su libertad de movimiento y las expone a situaciones de acoso y violencia.

La reciente ola de feminicidios que conmociona a Paraguay vuelve urgente esta discusión. Aunque la violencia contra las mujeres tiene múltiples causas, la forma en que organizamos nuestras ciudades influye en las condiciones de seguridad, en las posibilidades de desplazamiento y en el acceso a los servicios cotidianos.

Durante décadas, el crecimiento de Asunción y de los municipios que la rodean respondió a una planificación que priorizó la actividad económica, la expansión urbana y el uso del automóvil particular. Las necesidades de la vida cotidiana, el cuidado de las personas y la movilidad peatonal quedaron relegadas. El resultado es una metrópolis dispersa, con grandes distancias, servicios desigualmente distribuidos y espacios públicos que muchas veces no ofrecen condiciones adecuadas para caminar o esperar el transporte.

Frente a esta situación, el urbanismo feminista propone revisar la manera en que planificamos y gestionamos el territorio. No se trata de incorporar una medida aislada ni de adoptar una postura ideológica, sino de organizar la ciudad teniendo en cuenta las necesidades reales de quienes la habitan. Esto requiere mejorar las infraestructuras, facilitar los desplazamientos cotidianos y garantizar que todas las personas puedan utilizar el espacio público con seguridad y autonomía.

Las mujeres deben poder caminar, viajar, trabajar, cuidar y realizar sus actividades diarias sin que el diseño de la ciudad añada obstáculos a sus vidas. Garantizar el derecho a la ciudad implica que la seguridad, la movilidad y el acceso equitativo al espacio público formen parte de las prioridades de la gestión metropolitana.

Referentes para pensar una ciudad más segura e inclusiva

Diversas investigadoras y urbanistas han contribuido a comprender cómo la forma de la ciudad influye en la seguridad, la vida comunitaria y las desigualdades de género. Sus aportes ofrecen herramientas para analizar los problemas del Área Metropolitana de Asunción y orientar posibles soluciones.

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Jane Jacobs, en sus estudios sobre la vida urbana, destacó la importancia de los «ojos en la calle». Su planteamiento señala que la presencia constante de personas, la diversidad de actividades y los comercios abiertos hacia la vereda pueden contribuir a generar entornos más seguros. Las fachadas activas, las ventanas orientadas a la calle y la circulación de peatones favorecen la vigilancia natural y fortalecen las relaciones entre vecinos. Desde esta perspectiva, la seguridad también depende de cómo se diseñan y utilizan las calles, y no exclusivamente de la presencia policial.

Dolores Hayden, en su obra The Grand Domestic Revolution, cuestionó la separación rígida entre el espacio doméstico y el espacio productivo. Sus planteamientos permiten entender que las tareas de cuidado y reproducción de la vida también deben formar parte de la planificación urbana. En la práctica, esto significa reconocer las diferencias entre los desplazamientos cotidianos de hombres y mujeres. Mientras algunos recorridos laborales siguen un trayecto relativamente directo entre la vivienda y el trabajo, muchas mujeres encadenan varios viajes en un mismo día para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, realizar compras, acudir a servicios de salud y acompañar a personas mayores o dependientes. Estos recorridos, que pueden describirse como cadenas de viajes múltiples, requieren un sistema de transporte y una distribución de servicios que respondan a esa complejidad.

Caren Levy, Ana Falú y Sarai García Espinoza han contribuido a incorporar la perspectiva de género en la planificación urbana y territorial, con especial atención a América Latina. Sus trabajos permiten analizar la relación entre la violencia machista, la pobreza urbana y la exclusión espacial. La falta de transporte accesible, el alumbrado insuficiente a escala peatonal y la escasez de servicios de cuidado cercanos limitan la autonomía de las mujeres. Estas deficiencias aumentan el tiempo y el costo de sus desplazamientos y pueden obligarlas a modificar sus recorridos o evitar determinados lugares por temor al acoso y a las agresiones.

Estos aportes coinciden que para mejorar la seguridad de las mujeres, es necesario intervenir tanto en las condiciones físicas de la ciudad como en la organización de los servicios, el transporte y las políticas públicas.

El diagnóstico territorial del Área Metropolitana de Asunción

El diagnóstico presentado para el AMA abarca una superficie de 807 km², distribuida en 11 municipios, con una población de 2.117.682 habitantes. Estos datos describen un territorio extenso cuyo crecimiento se ha producido de manera dispersa y con una articulación insuficiente entre sus distintas partes.

La metrópolis se organiza alrededor de Asunción, que funciona como centro principal, y de dos anillos periféricos vinculados mediante cuatro ejes de crecimiento. La expansión urbana discontinua alcanza distancias superiores a los 40 kilómetros y se extiende hasta la cuenca del lago Ypacaraí. Esta configuración genera grandes distancias entre las viviendas, los empleos, los servicios y los equipamientos urbanos. Esta organización, combinada con una baja densidad urbana promedio, dificulta la prestación eficiente de servicios y aumenta la dependencia del automóvil particular.

Las consecuencias no afectan a toda la población de la misma manera. Cuando el transporte público es insuficiente, las veredas están deterioradas o los servicios de cuidado quedan lejos de las viviendas, las personas que realizan múltiples desplazamientos diarios enfrentan mayores dificultades. Las mujeres que asumen una parte importante de estas tareas soportan una carga adicional de tiempo, esfuerzo y gastos. A esto se suma el temor a la violencia en las calles, las paradas y los recorridos cotidianos.

No basta con describir la expansión urbana o identificar los problemas de movilidad, es necesario establecer prioridades de intervención, coordinar las políticas entre los municipios y evaluar los resultados con criterios de seguridad, accesibilidad y equidad.

Cinco medidas prioritarias

1. mejorar la iluminación de calles, veredas y paradas

La iluminación pública suele priorizar la circulación vehicular y deja sectores peatonales en condiciones deficientes. Se debe identificar los puntos oscuros y mejorar las luminarias existentes, especialmente en paradas de autobús, cruces, accesos a centros educativos y recorridos de uso frecuente. Esta medida permite aprovechar la infraestructura actual y concentrar los recursos donde más se necesitan.

2. reparar las veredas y mejorar los cruces peatonales

Los desniveles, las aceras interrumpidas y la falta de rampas dificultan los desplazamientos y obligan a muchas personas a caminar por la calzada. La Municipalidad debe identificar los tramos prioritarios, establecer criterios técnicos comunes y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento. Las intervenciones pueden ejecutarse por etapas, empezando por los recorridos cercanos a escuelas, centros de salud, paradas y zonas comerciales.

3. fomentar plantas bajas transparentes y fomento del comercio de proximidad

El avance de muros ciegos, garajes cerrados y verjas perimetrales opacas elimina los «ojos en la calle», transformando las calles barriales en corredores solitarios desprovistos de vigilancia natural. Hay que reformular las ordenanzas de zonificación para obligar a transparencias mínimas (40-60%) en fachadas de nuevos desarrollos, incentivando la instalación de comercios de escala barrial en plantas bajas con beneficios en las tasas de patentes.

4. fortalecer la prevención del acoso en el transporte público

El acoso limita la libertad de movimiento y puede obligar a las mujeres a evitar determinados recorridos u horarios. Se deben establecer protocolos de actuación, facilitar los canales de denuncia y capacitar a conductores y agentes municipales para responder ante estas situaciones. La coordinación con las instituciones competentes permitiría mejorar la atención sin necesidad de crear una nueva estructura administrativa.

5. incorporar la participación vecinal en las decisiones urbanas

Las mujeres que utilizan diariamente las calles y el transporte conocen los lugares donde faltan iluminación, las paradas que generan temor y los recorridos que presentan mayores dificultades. La Municipalidad puede organizar recorridos de diagnóstico, recibir reportes vecinales y elaborar mapas sencillos de los puntos críticos. Estos datos deben utilizarse para establecer prioridades de inversión y evaluar si las intervenciones resuelven los problemas identificados.

El respaldo institucional y normativo de las propuestas

Las intervenciones físicas pueden perder eficacia si se ejecutan de manera aislada o sin continuidad presupuestaria. Para transformar el espacio urbano del Área Metropolitana de Asunción se necesita coordinación entre los municipios, las instituciones nacionales y las organizaciones ciudadanas. También se requieren normas claras, recursos suficientes e indicadores que permitan evaluar los avances.
La planificación con perspectiva de género debe relacionar las decisiones sobre el territorio con las políticas de igualdad, los datos estadísticos y la gestión local. En Paraguay existen instrumentos nacionales que pueden servir como referencia para desarrollar esta agenda, entre ellos el IV Plan Nacional de Igualdad y la Estrategia Estadística de Género 2021-2025.

De las propuestas a la gestión municipal

La seguridad urbana no depende de una obra aislada, en lugar de comenzar con grandes proyectos metropolitanos, conviene identificar problemas concretos, asignar responsables y establecer un presupuesto para resolverlos por etapas. Los municipios pueden compartir criterios técnicos y experiencias, aunque cada uno debe actuar dentro de sus competencias.

La perspectiva de género debe incorporarse a los diagnósticos, los presupuestos y la evaluación de las obras. Para ello, es necesario analizar la información sobre los desplazamientos cotidianos y las experiencias de inseguridad de las mujeres, además de consultar a quienes utilizan los espacios intervenidos.

Una ciudad segura para las mujeres necesita calles bien iluminadas, recorridos accesibles, transporte confiable, servicios cercanos y espacios públicos activos. Estas condiciones mejoran la autonomía de las mujeres y benefician al conjunto de la población. Reorganizar el Área Metropolitana de Asunción desde esta perspectiva es una responsabilidad de la gestión pública y una condición necesaria para garantizar el derecho de todas las personas a habitar y recorrer la ciudad con libertad y seguridad.

Arq. Nicolás Morales Saravia
Arquitecto y Docente FADA UNA
Magister en E.S.U.
Consultor en Construcciones Sostenibles PYGBC
Diplomado en Urbanismo y Medio Ambiente (USAL)
Dimplomado en Patologías por Arquimétodo.
Miembro del Colegio de Arquitectos del Paraguay.
@bioconsarquitectos